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25/10/2026

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BURKINA FASO — Protección de empresas estatales estratégicas frente a la privatización

El 19 de octubre, la Asamblea Legislativa del Pueblo aprobó una ley que prohíbe la privatización total o parcial de empresas estatales consideradas estratégicas. Según la Agencia de Información de Burkina, la votación registró 70 apoyos y una abstención.

La calificación de estratégica se relaciona con la soberanía, la seguridad del Estado y la importancia de la entidad para los equilibrios sociales y económicos. El texto también somete determinadas operaciones a autorización previa del Consejo de Ministros y contempla reservar algunas actividades estratégicas a nacionales, mediante una lista que deberá definirse reglamentariamente.

La información publicada describe un fortalecimiento de la intervención pública sobre entidades y actividades específicas. No permite interpretar que se haya prohibido de manera general la inversión privada o extranjera en toda la economía (Agence d’Information du Burkina, 2026).

Análisis estratégico por PARTE DEL ANALISTA DEL SAHEL:

La decisión puede entenderse como una búsqueda de mayor autonomía para preservar actividades que el Estado considera indispensables. Desde esa perspectiva, mantener capacidad de decisión sobre ciertas empresas podría facilitar la continuidad de servicios y la orientación de inversiones hacia prioridades nacionales.

Su resultado dependerá, sin embargo, de la capacidad de gestión. La propiedad pública puede proporcionar instrumentos de conducción, pero requiere financiación, personal competente, mantenimiento y mecanismos de control. Una empresa protegida jurídicamente podría seguir siendo vulnerable si acumula pérdidas o no consigue renovar sus equipos.

También existe una posible tensión fiscal. Si el Estado amplía sus responsabilidades empresariales, puede verse obligado a financiar inversiones o cubrir déficits. Ese esfuerzo debe evaluarse junto con las necesidades de seguridad, salud, educación e infraestructura. La cuestión estratégica consiste en determinar si el control adicional genera capacidades sostenibles o compromisos financieros difíciles de atender.

Para los inversores, será relevante la precisión con que se definan los sectores afectados y las operaciones sujetas a autorización. Un marco previsible permitiría identificar espacios de cooperación. En cambio, criterios ambiguos podrían demorar decisiones, incluso en actividades que no estuvieran alcanzadas por las restricciones.

Por ello, el seguimiento debería examinar la reglamentación, los procedimientos de selección de empresas, la transparencia de sus cuentas y la calidad de los servicios prestados. El valor estratégico de la medida podrá apreciarse en su contribución concreta a la continuidad productiva y al bienestar de la población.

Referencia APA 7 y enlace:

Agence d’Information du Burkina. (2026, 19 de octubre). Burkina : l’ALP interdit la privatisation des entreprises stratégiques de l’État.

FUENTES:

https://www.aib.media/?p=171415&utm